En México las mujeres con alguna discapacidad son invisibles en las estadísticas oficiales y en las investigaciones académicas; son una población excluida y la violación a sus Derechos Humanos (DH) es una constante, más cuando se trata de acceder a la salud o a la justicia.

Si bien México suscribió en 2008 la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que establece la protección y aseguramiento de los DH de esta población, y en 2011 reformó la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad a fin de garantizar el acceso a la justicia, la igualdad de género y el reconocimiento del lenguaje de señas, en la práctica esta población es la sexta más discriminada en el país, de acuerdo con datos oficiales.

Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), de las 5 millones 739 mil 270 personas con alguna discapacidad, las mujeres representan el 51.1 por ciento, más de la mitad.

Motivos como la edad, la mala atención de enfermedades y la violencia incrementan las posibilidades de que a lo largo de su vida las mujeres adquieran una discapacidad.

La Encuesta Nacional sobre Discriminación en México (Enadis) 2010 documentó que 37 por ciento de las y los entrevistados indicó que sólo en parte se respetan los derechos de las mujeres con discapacidad, y 35 por ciento dijo que nunca se respetan estos derechos.

La legislación nacional establece que es obligación de las instituciones del Estado recopilar información estadística que visibilice la situación de las mujeres con discapacidad, la cual debe traducirse en la formulación de planes, programas y políticas para garantizar el ejercicio pleno de sus derechos.

El “Informe del Parlamento Europeo sobre la situación de las mujeres de los grupos minoritarios en la Unión Europea” (2004) reportó que en la región ocho de cada 10 mujeres con discapacidad fueron víctimas de violencia, y presentaban un riesgo cuatro veces mayor que el resto de las mujeres de sufrir agresiones sexuales.

En México, defensoras de DH presentaron en marzo pasado el “Diagnóstico sobre la violencia contra las mujeres con discapacidad en el estado de Puebla”, el cual reveló que una de cada dos mujeres con discapacidad experimenta violencia dentro del hogar perpetrada principalmente por sus familiares (45 por ciento), seguido de la pareja y cuidadores, quienes las violentan en el 22 por ciento de los casos.

Areli Rojas León, coordinadora del diagnóstico e integrante de la Agrupación Juvenil Xonaca, observa que cuando las mujeres denunciaron la violencia, no se dio seguimiento a sus casos, y no se les otorgaron canales de comunicación adecuados; es decir, no se les asignó un traductor ni les dieron materiales de difusión traducidos (en sistema braille en el caso de las mujeres con discapacidad visual, por ejemplo).

María Juana Soto Santana, responsable de la Comisión de Equidad de Género del Conadis, explica que la violencia en el núcleo familiar es una de las principales problemáticas que enfrentan las mujeres con discapacidad, la cual se agrava por una “sobreprotección” por parte de la familia que inhibe la denuncia.

La funcionaria también critica la falta de profesionalización y sensibilización de funcionarios y policías en las instancias judiciales, ya que “por desconocimiento y desinterés violentan los derechos de las mujeres con discapacidad, a quienes les restan credibilidad y minimizan sus declaraciones”.